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Revista de Finanzas y Banca
El Banco de España pide una reforma en el sistema de pensiones público Imprimir E-Mail Compartir
Escrito por ISTPB   

(F&B, 16/04/2009).- El gobernador del Banco de España aboga por unas finanzas públicas saneadas, una reforma estructural de la economía y pide la reforma del propio sistema de pensiones en el marco de la revisión del Pacto de Toledo.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, ha alertado de que el impacto de la crisis económica también se ha dejado sentir en las cuentas de la Seguridad Social, de forma que se ha producido un rápido deterioro del superávit existente en la Seguridad Social, apuntando que incluso podría desaparecer en un año.

En los últimos años el crecimiento de los afiliados ha sido muy superior al de las pensiones, lo que ha explicado el mantenimiento de superávit crecientes de la Seguridad Social, que alcanzó el 1,3% del PIB en 2007. Estos superávit se destinaron, en parte, al Fondo de Reserva, que alcanzó una magnitud significativa, cercano al 5% del PIB al finalizar 2008. Este fenómeno obedecía al crecimiento de la población y la incorporación de inmigrantes y mujeres al mercado de trabajo, en un contexto de crecimiento reducido del número de jubilados. Sin embargo, la reducción de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida condicionan la estructura actual y futura de la pirámide poblacional española.

Las implicaciones de este cambio demográfico en un sistema de reparto como el sistema de pensiones público de la Seguridad Social supone una presión creciente sobre el gasto en pensiones, de forma que los modelos actualmente disponibles, incluidos los elaborados por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, muestran que esta pérdida de gasto público se duplicaría en el período entre 2008 y 2050, de forma que el sistema podría entrar en déficit creciente a partir de 2025.

Medidas a adoptar
Se deben perseguir finanzas públicas saneadas, implementar reformas estructurales en la economía y una reforma del propio sistema de pensiones, medidas cuya discusión no debería dilatarse en el tiempo y que deberían tener un alcance suficiente, avanzando en la línea de las recomendaciones efectuadas en la revisión del Pacto de Toledo. En este sentido, MAFO indica que en el medio plazo, una vez que desparezcan los efectos de la crisis económica, se retome la senda del saneamiento de las cuentas públicas y, sobre todo, la tendencia de reducción de la deuda pública, a fin de que no se imponga una carga excesiva sobre las generaciones futuras.

En cuanto al sistema de pensiones públicas, Ordóñez apuntó a modificaciones en los parámetros de ingresos o de gastos tendentes a mantener una elevada proporcionalidad entre las prestaciones que se reciben y las cotizaciones que se pagan. Entre otras, apuntó la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, endurecer la condiciones para acceder a la jubilación anticipada, y aplicar reglas del sistema de pensiones que generen incentivos adecuados para la permanencia en el mercado de trabajo, tales como la formación continua de trabajadores y la flexibilidad salarial que adecue los incrementos salariales a la productividad.

Asimismo, el gobernador del Banco de España propuso ampliar significativamente el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora, lo que aumentaría la proporcionalidad entre las pensiones percibidas y las cotizaciones efectuadas y seguir avanzando en las reformas de equiparación de los distintos regímenes de la Seguridad Social, de forma que se garantice que el grado de contribución sea similar.

Otra medida propuesta desde el Banco de España sería reducir la tasa de sustitución de las pensiones, definida como la pensión neta dividida por los ingresos netos previos a la jubilación, bien reduciendo el porcentaje de la base reguladora que se percibe tras haber cotizado el período mínimo (actualmente fijado en el 50%), bien ampliando este período mínimo o bien reduciendo las tasas con que se aumenta ese porcentaje inicial por cada año adicional de cotización.

 
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