La avaricia rompió el saco.

Desde el momento en que, hace muchos años, se autorizó a la banca privada a conceder créditos con garantía hipotecaria, autorización que ya tenían las cajas desde años antes, se inició una fuerte competencia entre las entidades crediticias a la que se conoció por largo tiempo como la “guerra de las hipotecas” y que se mantuvo con diversas modificaciones de las normas aplicables para hacer más fluida la operativa y abaratar los costes.

Sujetos activos de esta crisis son toda clase de instituciones financieras y resulta incomprensible que prácticas alejadas de la ortodoxia en el manejo de caudales propios y ajenos, exigida desde siempre a dichas instituciones, no hayan tenido instrumentos de alarma eficaces.
En cuanto se refiere a las actividades bancarias, no son escasas las normas que las rigen y en cuanto a la asunción de riesgos son muy notables las que contiene Basilea II, pero que no parecen ser suficientemente rigurosas.
En efecto, para la inversión crediticia con garantía hipotecaria habrá de revisarse la exigencia de capital propio, las condiciones de provisiones por impagos y la coherencia entre las características de estos activos y de los pasivos con los que se financian.
En el caso en que la emisión de deuda con garantía prendaria de créditos hipotecarios habrá de revisarse el modo de seguir el rastro de estos activos en ambas direcciones (tomador-emisor).
También habrán de revisarse los procedimientos de valoración de bienes inmuebles teniendo en cuenta las características singulares de los mercados y las expectativas de evolución a medio y largo plazo.
Y todo lo anterior no termina con las causas que exigen la revisión de BASILEA II.