Se trata de un amplio concepto que engloban muy diferentes actividades con transcendencia económica que tienen como elemento común el escapar al control de cualquier clase de procedimientos o mecanismos fiscalizadores y contables que el Estado de un país utiliza. Es evidente que la economía sumergida sólo es posible que exista si hay un Estado que interviene en el sistema económico y también es evidente que no hay ningún estado que no ejerza múltiples funciones de intervención, especialmente a través de las normas fiscales, de ordenación, supervisión y limitación de las actividades y de exigencias de origen y finalidad múltiple. 

Una primera conclusión muy fácil y evidente es que a mayor intervencionismo del Estado, que implique cargas y obstáculos a la actividad económica, mayor será la tendencia de amplios sectores de la población a la economía sumergida, pero también es cierto que el propio Estado, a través de los gobiernos de turno, por motivos políticos y/o de falta de medios, consiente la práctica de la economía sumergida a amplios sectores de agentes económicos. A nadie se le oculta que son numerosas las actividades que se ejercen sin una afloración plena o sin ninguna afloración de los valores económicos que comportan: multitud de trabajos en el ámbito de la construcción, no sólo en reparaciones caseras, sino incluso en actividades de edificación, en la industria textil, en la agricultura, en los servicios de esparcimiento y consumo, como establecimientos comerciales, de bebidas, productos alimenticios, etc., y en las profesiones liberales, existe un volumen considerable de actividad económica sumergida. 

Está comprobado que en los períodos de crisis económica el fenómeno de la economía sumergida toma auge. Es evidente que las reacciones de los gobiernos ante situaciones de crisis son lentas y no contemplan para todas las actividades económicas afectadas las medidas correctoras que permitan su continuidad transparente, lo que fuerza a muchos agentes a pasar a la economía sumergida para poder subsistir. La cuestión no es si la ocultación de actividad es ilegítima, sino que la dura realidad de muchos agentes económicos no encuentra otra alternativa por falta de adecuación de los mecanismos interventores y fiscalizadores del Estado y la presión fiscal y de toda clase de cargas, que se mantienen con desmesurada rigidez ante situaciones de coyunturas adversas. Ahora bien, existen numerosas actividades tradicionalmente mantenidas en muchos países en el ámbito de la economía sumergida total o parcialmente. Es decir, existen segmentos de agentes económicos que no consideran ilegítimo actuar al margen o con una participación muy alejada de su volumen de actividad, de los regímenes fiscales, de cargas sociales y de cualquier otro tipo, y existe una aceptación general de esta situación, no sólo por el Estado, sino también por el resto de los agentes económicos. 

La OCDE a efectos de evaluar la incidencia en el PIB considera economía sumergida la producción legal no declarada, esto es aquella que intrínsecamente es legal pero se oculta deliberadamente frente a las autoridades para evitar cargas fiscales, sociales o de tipo similar. Parte de esta producción legal no declarada puede estar ya considerada en las Cuentas Nacionales, es decir, incluida en el cálculo del flujo económico, en alguna parte de sus tres vertientes (producción, renta y gasto). Igualmente considera que forma parte de la economía sumergida la producción de bienes y servicios ilegales, como también los ingresos en especie encubiertos, que son contabilizados en las empresas y, por extensión en las Cuentas Nacionales, como consumo intermedio y no formando parte, por consiguiente, del PIB. 

Sin embargo, la OCDE excluye del concepto de economía sumergida la producción de las economías domésticas, las actividades ilegales no directamente productivas, como el robo o la extorsión, ya que se entiende que constituyen acciones redistribuidoras de la renta, y no generadoras de la misma, y también, las actividades productivas difusas y por lo mismo no contempladas en el sistema contable, pero que no son ocultadas intencionadamente por los que las realizan, sino por una falta de canales específicos de evaluación y contabilización. 

El volumen en numerosas economías es considerable. En relación con los países de la CEE se han realizado numerosos estudios, con resultados muchas veces dispares. No existen estimaciones muy recientes que permitan comparaciones, pero los expertos afirman que entre un 15 y un 20% del PIB permanece sumergido, es decir, no se incluye en las cuentas nacionales, en países como España, Italia, Bélgica, Portugal y aún más en Grecia, siendo notablemente inferior en los restantes países en la actualidad. 

La incidencia se corresponde con la situación de retraso en el desarrollo tecnológico de los países mencionados y la existencia de actividades con una intensa participación de trabajo humano y una productividad baja y en competencia con países en desarrollo que tienen menores exigencias sociales, dado su nivel sociopolítico, pero a los que es imposible vetar la exportación hacia países como los europeos citados, en los que productos análogos tienen unos costes muy superiores en economía transparente. 

Inglés: black economy.
Áreas: teoría económica.