(F&B, 125, dic-ene 2008.) Todas las burbujas acaban por estallar. Pero para crear una burbuja es necesario que alguien sople por la pipeta y que el agua lleve jabón. Sin que se den simultáneamente esas circunstancias es imposible conseguir nada redondo que flote en el aire. En los últimos diez años hemos asistido a dos ondas especulativas muy profundas con nefastas consecuencias sobre la estabilidad financiera y la economía mundiales: ...

... la burbuja tecnológica durante la segunda mitad de los 90 y la inmobiliaria desde 2001 hasta este mismo año. Y ambas han estado bien enjabonadas por el sistema financiero, sin tener en cuenta si era racional, ético, sostenible y sin que importara a dónde conducía esa situación.

Cuando se habla de ética, de responsabilidad social, de contribuir al desarrollo de la sociedad no hablamos de algo etéreo, ni es preciso para eso que se cree una fundación, que se use papel reciclado o que se paguen juegos florales. Sería más que suficiente que cada uno contribuyera desde su propia profesión a eso que se llama excelencia, que no consiste precisamente en forrarse de la noche a la mañana, sino en hacer las cosas todo lo bien que humanamente sea posible y un poco mejor si cabe.

¿Han hecho las entidades financieras, el gobierno y el supervisor bancario las cosas en los últimos años todo lo bien que cabía esperar? La respuesta es, obviamente, no. Y no han hecho las cosas bien porque se ha financiado en exceso el mercado inmobiliario de espaldas a lo que se estaba produciendo:

• Primero: Se ha contribuido a aumentar artificialmente el precio de un bien de primera necesidad como es la vivienda, con graves perjuicios para la sociedad en su conjunto.
• Segundo: Se ha permitido que se endeuden por encima de su capacidad cientos de miles de personas y familias.
• Tercero: Se ha comprometido la propia estabilidad financiera de algunas entidades al expandir el crédito sin medir adecuadamente el riesgo a largo plazo y sin una correcta selección de las inversiones.
• Cuarto: Se ha excitado una sobredemanda de bienes inmobiliarios facilitando financiación para fines meramente especulativos y no los finalistas de la inversión en inmuebles a largo plazo, utilizando la hipoteca como principal instrumento financiero.

Quizás hace unos años nadie se atrevería a culpar a bancos y cajas por alimentar esta burbuja, pero en la actualidad y ya que manejamos conceptos avanzados en la gestión de las empresas que obligan a éstas a preocuparse por la repercusión social de sus actos, la censura es obligada.

Es cierto que sobre el incremento de los precios inmobiliarios han influido muy diferentes factores, pero el decisivo ha sido la posibilidad de obtener créditos a muy largo plazo con unos bajos tipos de interés. El precio de las propiedades inmobiliarias se ha ido ajustando a las mayores facilidades financieras y no la inversa, hasta llegar a hipotecas a 50 años como en algunos casos. No cabe decir que el mercado se ha disparado y las entidades financieras se han ido ajustando, sino más bien que las entidades han contribuido a disparar el mercado proporcionando excesiva facilidad de financiación y tipos excesivamente blandos de partida.

En este caso, las entidades financieras no han actuado responsablemente en su conjunto y deberían haber racionalizado más las condiciones de concesión de los préstamos sobre unos valores más prudentes para los bienes financiados, debido a que se estaba en una espiral especulativa muy exagerada. Con todo, ha habido entidades que se han ido retirando antes, pero la permanencia de otras y el largo tiempo durante el que estas prácticas se han dado ha restado valor a este hecho.

El gobierno y el supervisor lo que han hecho mal es mantener el menor consumo de recursos propios para los préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas, lo que indudablemente ha privilegiado este nicho de mercado en un momento en el que había que haberlo enfriado, y ésta hubiera sido una muy buena medida para conseguirlo. Precisamente privilegiar esta fórmula crediticia frente a otras por normativa es un error, como se ha podido comprobar; un error que además pone en riesgo la propia estabilidad y solvencia del sistema como se ha venido a demostrar. Ahora se ha modificado por ley el coeficiente de solvencia para adaptarlo a BIS II, pero se tenía que haber previsto la situación de una forma específica.

Por último, las cajas de ahorros, entidades teóricamente benéficas, son, unas más que otras, también hay que decirlo, las que más han contribuido a todos estos efectos indeseados. La alta concentración de crédito hipotecario en algunas de ellas y de financiación de activos inmobiliarios se torna en la actualidad más como una debilidad de su balance que como una ventaja, y es que a la larga toda concentración sectorial de riesgo lo es potencialmente.

Es verdad que en un ámbito de libertad de mercado estos movimientos no son fáciles de parar, pero también es verdad que las entidades financieras tienen la obligación de ser prudentes al emplear los activos que sus clientes les entregan y deben huir de financiar actividades que contribuyan a generar espirales especulativas, y la del crecimiento de precios en el sector inmobiliario lo ha sido como lo fue la burbuja de las empresas de internet, en la que se llegaron a pagar ingentes cantidades por proyectos sobre el papel contribuyendo a inflar la cotización de determinadas acciones, lo que al final hizo perder mucho dinero a cientos de miles, sino millones, de ahorradores.

A todo el mundo le gusta hacer buenos negocios, pero el negocio de banca es en sí mismo tan bueno y sistemático que no necesita más que ser interpretado con prudencia y profesionalidad para dar resultados. Y no hay que olvidar que al tratarse de una actividad básica en toda economía, si se interpreta mal las consecuencias las pagamos todos. Los bancos y cajas además deben hacer las cosas mejor que bien para evitar que a nadie se le ocurra decirles lo que tienen que hacer, que todavía sería peor.