(F&B, 126, feb. 2008). Juan de Mariana fue encarcelado en 1607 por el Duque de Lerma, valido de Felipe III, pues denunció en su tratado De monetae mutatione las alteraciones del peso de la moneda por parte de algunos ministros de aquella corte, es decir, por denunciar que la inflación tenía como principal causante al mismísimo Rey.

Desde entonces, y ya antes, el poder público intenta situarse al margen de la inflación, o de cualquier otro mal en materia económica, como si se tratara de un fenómeno atmosférico, que se mide, que se comenta, pero que se sufre como el pedrisco, y a nadie se le ocurre culpar del pedrisco al ministro de agricultura.

Pero la inflación y cualquier otro desastre económico no es un pedrisco que nos cae, y los Gobiernos tienen una gran responsabilidad, tan grande al menos como se irrogan cuando todo va bien. Ahora no te meten en la cárcel, faltaría más, pero te dicen que denunciar una situación económica en declive es poco patriótico, que decir que la inflación está debocada, que la gente tiene problemas y que el futuro es incierto significa poco más o menos estar creando el problema. Ya se sabe, al poder la libertad de expresión acaba por molestarle, como le molestaba al Duque de Lerma.

La inflación actual no es sólo un fenómeno español, esa es la verdad. Tensiones inflacionistas se observan a nivel mundial, en buena parte derivadas no sólo del incremento de los costes de determinadas materias primas y el petróleo, sino de las medidas tomadas para controlar la crisis financiera, que incluyen grandes inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales así como invertir la tendencia de los tipos de interés, estabilizándolos e incluso haciendo que caigan, como en el caso del dólar. Digamos que la crisis subprime se transmite a los ciudadanos mediante el invisible, pero real, impuesto inflación.

Pero España está muy desarmada para luchar contra estas tensiones por la forma en que se ha conducido la política económica en los últimos años, que ha ignorado, cuando no negado, el agotamiento del ciclo, la creciente demanda mundial de energía y las tensiones que se iban a producir en sus precios, así como por el elevado endeudamiento de la economía española, que depende de su financiación del exterior debido al abultado déficit comercial que ya no se compensa con la tradicionalmente favorable balanza de servicios, es decir, turismo, habiendo dejado además nuestro país de ser destino de inversiones exteriores. Todo estos factores combinados conjugan un panorama no muy alentador.

Es cierto que la situación es muy compleja, pero se echa a faltar un plan, un mensaje para afrontar el problema, aunque la primera dificultad con la que este gobierno tropieza es que el calendario electoral le impide reconocer que ese problema existe. Necesitamos cualquier cosa menos un presupuesto expansivo, cualquier cosa menos que una reducción significativa de la demanda del sector privado conduzca a un más que probable estancamiento económico con inflación, una de las peores pesadillas de toda economía. Y nos encontramos ante un presupuesto que incrementa el gasto público y ante multitud de promesas de seguir incrementándolo.

Mientras se dice que el sector de la construcción aterriza con suavidad, las evidencias de parálisis son palpables, con más de medio millón de viviendas en stock, los compradores esperando a un desplome de los precios y las entidades financieras recortando la financiación tanto al sector como a los compradores. El aumento de parados no va a ser suave, principalmente de extranjeros en empresas constructoras y españoles en sus proveedores, que por decenas de miles, seguramente varios cientos de miles, van a engrosar en los próximos meses, ya están engrosando, las listas del paro, más todos los autónomos, muchos en este sector, que no pueden quedarse en paro, pero sí sin trabajo, que aunque es lo mismo, no resulta estadísticamente igual. Y ya dicen que están las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Quizás Mariana ahora escribiera De numerorum mutatione. Lo grave de todo este proceso es la rapidez con la que se está desencadenando, una rapidez que casi pasa desapercibida menos a los directamente afectados.

Si no fuera por el ambiente de crispación artificial que hay en España, es decir, que es una crispación de políticos con políticos, pero no entre los ciudadanos, y que a mi juicio es por la llegada a la cumbre de los partidos de personajes de muy medio pelo, los problemas económicos se abordarían por todos con otra seriedad y tendría lugar un debate de mayor altura que condujera a políticas consen-suadas a largo plazo en terrenos como la energía, la industria, la financiación de las administraciones públicas, las pensiones, el mercado laboral y todos aquellos aspectos de nuestra vida económica en los que son precisas reformas de calado y que deben tener una continuidad al margen de la alternancia en el poder. Pero es pedir demasiado para un país en el que todavía se sigue hablando con pasión de la guerra civil o de banderas, y casi pasa desapercibido que una familia gastará 60 euros más al año en pan.

Los gobiernos se empeñan en decir que nos van a arreglar la vida, seguramente para que les votemos, y cuando no lo consiguen, normalmente la culpa es nuestra o de otros, pero nunca suya. Si todo va bien, es por su intervención, pero si las cosas van mal, es por la situación internacional, por factores incontrolables o por nuestra propia culpa. Que si no entendemos el euro, que si damos muchas propinas... vamos, que no somos capaces de ser tan buenos como el gobierno que tenemos. Lo malo es que esa sabiduría gubernamental los ciudadanos ni se la pueden comer ni les sirve para pagar la hipoteca, pero ilustra mucho. Es evidente que el que suscribe no sólo es incapaz de dar propinas en la cuantía debida sino que, tras este breve artículo, es un patriota menos. Habrá que esperar al 10 de marzo, fecha de la inauguración oficial de la crisis, porque hasta esa fecha me temo que estará en obras.