La incertidumbre de la regulación y una infraestructura tecnológica inadecuada, principales barreras de Solvencia II en el sector asegurador. (F&B 138, julio-agosto 2009)

La incertidumbre en los requerimientos regulatorios y una infraestructura tecnológica inadecuada (obtención y gestión de datos, procesos analíticos, informes, etc.) son los principales frenos a la adecuación de Solvencia II por parte de las empresas del sector, según explica el informe "Gestión de riesgos en el sector asegurador" elaborado por everis, consultora multinacional de estrategia, negocio, desarrollo de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. El estudio analiza cómo las entidades aseguradoras están avanzando en la gestión de sus riesgos y en la adaptación al marco regulatorio europeo Solvencia II que entrará en vigor en 2013.

Según el informe, pesar de que las entidades muestran fortalezas en el control de riesgos que tradicionalmente se han venido realizando en el sector (riesgo de seguro y riesgo de mercado), la introducción de otros tipos de riesgo (especialmente el riesgo operacional) en la gestión global de los mismos, aún es una asignatura pendiente. Más allá del cumplimiento normativo, la consecución de una gestión global de todos los riesgos permite llegar a una situación de mayor seguridad en la viabilidad de las compañías, a la vez que genera oportunidades de mejora en los procesos productivos durante el proceso.



Por otro lado, el grado de adecuación al marco normativo Solvencia II es lento, percibiéndose un grado de avance desigual en el que las grandes entidades cotizadas en mercados regulados presentan las mejores prácticas, mientras que las mutualidades y empresas medianas generalistas tienen todavía retos a alcanzar.

Además, el análisis constata que existe una relación directa entre el volumen de negocio y el grado de desarrollo de las funciones de gestión del riesgo, ya que a mayor volumen de negocio, mayor presupuesto para la medición de riesgos.
Por otro lado, los métodos más complejos y ajustados para realizar los cálculos cuantitativos de requerimientos de capital sólo están siendo utilizados por grandes compañías y entidades de Bancaseguros; estas últimas ya tienen experiencia por su trabajo previo con Basilea II. En este sentido, en el sector, dominan los desarrollos internos y las hojas de cálculo para la gestión de riesgos en vez de la utilización de herramientas comerciales de Software. Un 46% de las aseguradoras pequeñas no utilizan herramientas específicas para esta gestión. Esto pone de manifiesto que llevar a cabo una gestión integral del riesgo no es una tarea sencilla, pero será un bien común y permitirá que el sector mantenga e incremente esa imagen de solvencia y seguridad que hasta ahora ha mostrado.

Por ámbito geográfico, las entidades europeas van por delante en la implantación de la función de gestión del riesgo respecto a las entidades latinoamericanas, ya que los movimientos regulatorios impulsados por la Unión Europea y la presión competitiva han supuesto un impulso efectivo para la adopción de la nueva gestión del riesgo.



Hacia una gestión integral del riesgo
Del informe elaborado por everis se concluyen una serie de medidas para mejorar la gestión del riesgo como es el establecimiento de políticas, metodologías y procedimientos, así como la adopción de la gestión integral, que incluya los riesgos de crédito y operacional, y adopte modelos estocásticos en su medición.

Finalmente, las aseguradoras deben tomar conciencia de lo que supone una gestión eficiente del riesgo, más que buscar el simple cumplimiento normativo y establecer herramientas de gestión con una base tecnológica adecuada (captura y almacenamiento de datos) sobre la que cimentar el desarrollo de los procesos de gestión del riesgo.

Las conclusiones mostradas en este estudio se han obtenido a partir de encuestas a 38 entidades en España, Portugal, Brasil, México, Chile, Colombia y República Dominicana. Esta muestra, que en su mayoría está formada por aseguradoras independientes de tamaño grande o mediano que cotizan en mercados regulados, constituye más de un 55% del sector de España y Portugal, lo que supone una alta representatividad en dichos países. Por otro lado, las empresas analizadas en Latinoamérica suponen el 45% del total.