(Octubre 2008) Tras la reunión del Presidente del Gobierno con 6 presidentes y altos ejecutivos de importantes entidades financieras se anunció un plan de rescate bancario por parte del gobierno. Posteriormente, y tras una urgente reunión en la UE se ha completado con más medidas.

El Plan en su conjunto comprende las siguientes medidas:

1) Aumento de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, que pasa de 20.000 euros por titular y entidad a 100.000 euros.
2) Apertura de una línea de financiación para las entidades financieras de entre 30.000 y 50.000 millones de euros, para ejecutar entre 2008 y 2009, mediante la compra de activos a las entidades financiando la compra mediante la emisión de deuda pública. Es posible que de esta cuantía al menos 10.000 millones se ejecuten este año. Las entidades solicitarán estas ayudas al gobierno.
3) Otorgamiento de avales del Estado a operaciones de financiación nuevas (emisiones de pagarés, bonos y obligaciones), ampliable a los depósitos interbancarios por un importe máximo de 100.000 euros en 2008.
4) La excepcional posibilidad de que el Estado adquiera títulos emitidos por entidades de crédito que necesiten reforzar sus recursos propios (incluidas participaciones preferentes y cuotas participativas).



Esencialmente se trata de aportar la garantía soberana para atraer liquidez a las entidades, incapaces de aumentar sus recursos permanentes, es decir, su financiación a largo, tanto por el colapso de los mercados de deuda como del mercado bursátil. Bancos y Cajas se ven imposibilitados de aumentar su capital pues las ampliaciones son prácticamente inviables en la actualidad, dada la situación bajista del mercado, así como no resulta conveniente que se pongan en circulación cuotas participativas de cajas de ahorros por la misma razón. Además tampoco pueden emitir bonos y cualquier otro endeudamiento a largo, que no compraría el mercado en las situaciones actuales salvo que se aporte la garantía de Estado.

Ante las vías de financiación cerradas, la inactividad del mercado interbancario y el aumento de la morosidad, algunas entidades estaban abocadas no a mucho tardar a entrar en una situación de insolvencia, lo que podría arrastrar a otras entidades y al pánico entre los ahorradores, con incalculables consecuencias para le economía española.

El Plan esencialmente va a ayudar a las entidades peor gestionadas, en aras a sostener el sistema en su conjunto, por lo que determinados analistas echan a faltar alguna declaración por la cual se sancione o expulse de la profesión a los directivos y altos ejecutivos de las entidades que más necesiten utilizar estas facilidades, lo que evidenciará sus problemas de solvencia. No parece lógico, indican muchos expertos, que quiénes han contribuido a generar los problemas gestionen su solución desde dentro de las entidades y lo justo es que fueran inhabilitados por el Banco de España para ocupar cargos de responsabilidad en el sistema bancario, ya que se han cometido muchos excesos que han conducido a la actual situación.

Por otra parte, la debilidad de este plan no reside en su propia esencia, que prácticamente es lo único que puede hacerse y que se ha consensuado con otros países, sino en las posibilidades que puede tener el Estado de colocar la ingente cantidad de deuda pública que pretende sin deteriorar extremadamente su propia capacidad de endeudamiento para otras necesidades. Es evidente que esta circunstancia aumentará el spread de la deuda, que influye en el tipo de interés que deben pagar todas las emisiones privadas, encareciéndolas. También la colocación de crecientes cantidades de deuda pública produce un cierto efecto expulsión sobre la actividad privada al acaparar las fuentes de ahorro siempre y cuando no se sea capaz de colocar el exceso sobre las renovaciones en el exterior. En particular España utilizará sus buenas relaciones con los países árabes, que mantienen posiciones de excedentes de liquidez y una situación muy favorable de balanza de pagos, para intentar colocar sus excedentes de emisiones de deuda que no puedan absorberse por los conductos habituales. Para ello seguramente movilizará los contactos diplomáticos al más alto nivel, beneficiándose presumiblemente de las privilegiadas relaciones que tiene la corona en la zona.

El Gobierno de momento no ha contemplado la forma en que todas estas ayudas financieras contribuirán a mejorar las condiciones de liquidez y financiación de las pequeñas y medianas empresas, uno de los puntos en los que la oposición ha hecho más hincapié, que son las más afectadas por esta crisis, ya que muchas están teniendo severas dificultades por la falta de financiación bancaria.

En los planes del Gobierno también se incluye la posibilidad de entrar en el capital de entidades financieras a la vez que se impulsarán las fusiones de determinadas entidades. Se considera que puede ser conveniente desde el punto de vista estrictamente financiero que las entidades alcancen más dimensión, pero si se mantienen los condicionamientos políticos, hay quien opina que no se habrá atacado uno de los problemas más graves que viene presentando nuestro sistema financiero, sobre todo en el subsector de cajas de ahorros. Los estudiosos más prudentes rechazan la influencia política en las entidades financieras como uno de los motivos de agravamiento de su riesgo de quiebra, al tender a acometer inversiones por dirigismo político, sin tener en cuenta factores como la concentración del riesgo, la solvencia del cliente y la rentabilidad de la operación, que son las que desde un punto de vista estrictamente profesional.