(FB, 124, nov. 2007.) Pues mire usted. A mi sí me parece bien que el Gobierno se acuerde ahora de subir el salario mínimo interprofesional. Aunque sea por conveniencia electoral, aunque al vicepresidente Solbes haya que sacárselo con forceps, y aunque Mariano Rajoy nos amargue la noticia con amenazas en forma de repunte de la inflación y de pérdidas de empleo.

Porque, con independencia de sus intenciones claramente electoralistas, que las tiene —y bienvenidas sean las campañas electorales si sirven para que, al menos una vez cada cuatro años los políticos se acuerden de los ciudadanos—, lo cierto es que subir los salarios de los más desprotegidos es una medida de justicia social, a la que sólo se puede reprochar que haya llegado demasiado tarde y que, además, es coherente con los principios que inspiran la oferta programática del Ejecutivo socialista.

Lo que ya no parece tan coherente es ese llanto y el crujir de dientes de Rajoy, sus asesores y sus correligionarios de partido. Un rechazo frontal que no sabemos todavía si obedece a que para los flamantes dirigentes de nuestra derecha opositora eso del salario mínimo es algo tan ajeno y tan desconocido como el futuro del clima de la tierra dentro de 300 años, a que siguen empecinados en confundir la política de oposición con decir "no" a todo por sistema sin razonar la repercusión de las propuestas, o a una simple pataleta porque no se les ha ocurrido a ellos.

En cualquiera de las hipótesis, lo que no resulta de recibo ni se sostiene desde cualquier planteamiento económico elemental y mínimamente razonable es vincular la subida del salario mínimo a la competitividad, la inflación y el desempleo.

En primer lugar, porque habría que recordar al candidato popular que tanto él como su coro de acólitos llevan casi un año denunciando la pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales en España durante la legislatura socialista. Que es verdad, se han perdido 1,7 puntos desde 2004, aunque silencian deliberadamente que ese mismo deterioro se producía también con los gobiernos de su referente Aznar. Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo muestran como mientras en 1993 los salarios representaban el 52% del PIB nacional, en 1997, gobernando ya el PP esta participación había caído al 49,6,% y hoy se sitúan en sólo el 46,3%.

Por lo que hace a la inflación, tal vez alguien en el Partido Popular debería recordar que la participación de los costes salariales en la subida de los precios y el aumento de los diferenciales con los países centrales de la UE es muy reducida, y meramente testimonial en el caso del salario mínimo que, como su nombre indica, es mínimo por su importe y por el colectivo de trabajadores a los que se aplica. En los repuntes de inflación y la pérdida competitiva que acarrea —como ocurre también con el empleo— influyen con un peso muy superior a los salarios factores como los precios energéticos, los costes de producción, intermediación y de transporte, los impuestos abusivos, las cargas tributarias que penalizan el trabajo, los tipos de interés o la escasa productividad, que en España es una de las más pobres de la Europa comunitaria.

Pero, además, la comparación con nuestros socios europeos refleja que los 666 euros en los que está hoy establecido el salario mínimo español, son la retribución más pobre de todos los países de la zona euro con la única excepción de Portugal y están muy lejos de los 1.254 euros de Francia, los 1.301 euros de Holanda o los 1.259 euros de Bélgica.

Y es aquí donde volvemos al socorrido argumento de la destrucción de puestos de trabajo, porque en ninguno de estos países, en los que el salario mínimo duplica sobradamente el español, jamás la subida de estas retribuciones han impactado negativamente sobre los índices de paro. Es más, el análisis detallado de los expedientes de regulación de empleo que se han producido durante los últimos diez años en España muestra cómo es la mala gestión empresarial la responsable de la morosidad, cierres y despidos y en modo alguno los salarios.

Pues eso, que bienvenida sea la subida electoral de los mínimos salarios y que Rajoy y sus asesores empiecen a pensar si no les sería más rentable, al menos desde el punto de vista electoral y de imagen, centrar sus ataques y sus críticas en la rebaja impositiva que desde el Gobierno se anuncia para los jet privados y los yates de lujo. Claro que aquí entramos en terrenos que les son más cercanos y tampoco van a jugar con las cosas de comer, aunque sea en tiempo de elecciones.