 Juan F. Robles Banco Santander, a través de Alfredo Sáenz, opina que no es conveniente la transparencia para evitar un efecto reputacional negativo en las entidades que utilicen estas facilidades, mientras que BBVA, según declaraciones de José Ignacio Goirigolzarri, afirma que debe utilizarse el mismo marco que en otros países europeos, en los que las ayudas son públicas.
Puede haber razones técnicas para ambas posturas, pero lo que es indudable es que si el Gobierno ha decidido sostener a bancos y cajas la utilización del plan no tiene por qué producir pánico en el público que conlleve una retirada de depósitos, pues tampoco ha ocurrido masivamente en los países en los que las autoridades han inyectado fondos en alguna entidad, que precisamente ha evitado que eso ocurriera.
Podemos citar algunas de las razones por las que el plan debería ser transparente:
- No se puede comparar la utilización de fondos públicos de forma tan extraordinaria con las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo, que no se publican en detalle, pues éstas últimas son estructurales en el sistema financiero y se aplican en mayor o menor medida en todas las coyunturas.
- La falta de transparencia en la asignación de fondos o ayudas públicas es de dudosa legalidad y puede ser interpretada como cercana a la corrupción.
- Si no hay transparencia se da pie a la especulación y es peor el rumor que la certeza, teniendo en cuenta que esos rumores pueden y suelen ser más dañinos que la información correctamente comunicada.
- Es muy posible que de alguna manera fluya la información, pues son muchas las personas que van a conocer los beneficiarios de las ayudas. Está comprobado que al final se dan a conocer informaciones que teóricamente eran secretas, y más si se alimenta la curiosidad del público y de los medios manteniendo la opacidad.
- El daño reputacional al que se alude puede producirse igualmente, y en todo caso podría ser justo que quien se ve obligado a mantener su actividad recurriendo a fondos públicos sea sometido a un cierto escrutiono del mercado y del público.
- Resulta de bastante dudosa moralidad que si el cliente de una entidad que no puede cumplir con sus obligaciones es inscrito en varios registros de morosos por esa circunstancia, y sufre un gran daño reputacional, la entidad no lo sufra cuando sin esas ayudas no podría con toda probabilidad cumplir con las suyas.
- Es práctica habitual en todos los países de nuestro entorno que se den a conocer este tipo de operaciones y es el marco normal de actuación en el mercado financiero internacional.
No parece correcto que hechos relevantes como la utilización de estas ayudas le sean hurtados al público no siendo comunicados a las Comisión Nacional del Mercado de Valores o sean recogidos en los informes de gestión de las entidades, lo que constituirá indefectiblemente una vulneración de las más elementales prácticas que hasta la fecha han venido siendo exigibles tanto a las entidades cotizadas como a aquellas que emiten títulos que puedan cotizar en algún mercado organizado.
- La falta de transparecia podría animar a solicitar la ayuda financiera a alguna entidad que no tuviera necesidad de la misma, restringiendo el disponible para las que más lo necesiten. De esa forma, en lugar de suponer una ayuda para el sostenimiento del sistema, pasará a convertirse en una privilegio al que cualquiera puede tener acceso sin pagar ningún coste en el mercado por ello, utilizando esas ayudas para competir desde una posición de mayor ventaja.
Como vemos, frente a razones más o menos débiles que pueden amparar la falta de transparencia en la aplicación del plan de rescate financiero, existen toda una serie de ellas que recomiendan transparencia absoluta en su ejecución, pues seguramente no podrá evitarse que al final se sepa, causando mucho más daño a las entidades perceptoras y al sistema en su conjunto.
Sobre todo este asunto flota una triste convicción en muchos sectores. Se trata ni más ni menos que de salvar políticamente la gestión de determinadas cajas de ahorros sin que se deriven consecuencias negativas para sus máximos responsables. El presidente del Banco que ahora pide opacidad ha afirmado hace bien poco que una de las causas de esta crisis son los excesos cometidos por el sector bancario. Hay muchas opiniones a favor de que se establezcan sanciones de algún tipo para quienes hayan cometido esos excesos que seguramente se dice estarán entre quienes más necesidad tengan de utilizar los fondos públicos para reflotar la entidad.
También se ha apuntado por diversos expertos la necesaria congelación de complementos salariales, la auteridad en las remuneraciones de los altos ejecutivos y la implantación de medidas para depurar responsbilidades dentro de las entidades.
El principal problema que ha conducido a esta situación a nivel internacional es la falta de transparecia, la ocultación de los riesgos y la transmisión al mercado de falsas expectativas de seguridad y normalidad. Muchos miembros de la comunidad financiera opinan que difícilmente se va a superar esta etapa si no se actúa a partir de ahora con total transparencia que haga comprender al sector financiero, a los mercados y al público que ninguna ocultación puede mantenerse, ningún riesgo esconderse ni ninguna conducta incorrecta ni mala gestión en una entidad financiera puede quedar impune.
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