José Mª Triper

Una austeridad ficticia, puesto que sólo se aplica en los sectores productivos y a las políticas activas de empleo y de inversión, mientras que se premia y se fomenta la cultura del subsidio. Y una solidaridad que parece no va a tener en cuenta a los trabajadores y pensionistas de este país, a los que el Ejecutivo pretende hacer pagar su mala gestión en la política de control de la inflación, al gravarles con una imposición indirecta a través de la no deflactación de la tarifa y de las deducciones en el IRPF.

Esta es una de las principales novedades que recoge la Ley de Presupuestos y que supone un flagrante incumplimiento del programa electoral con que el PSOE se presentó a las elecciones generales del pasado mes de marzo, además de una contradicción con los repetidos mensajes del Presidente, Rodríguez Zapatero, y de la inmensa mayoría de sus compañeros en el Gabinete, quienes han venido insistiendo desde todos los foros y tribunas, que el Gobierno no haría recaer el peso de la crisis sobre los trabajadores.

La deflactación de la tarifa, que ha sido una constante del Ejecutivo socialista desde el ejercicio de 2005, es una medida destinada a evitar que sean los contribuyentes quienes tengan que pagar vía tributaria una subida de los precios que les está empobreciendo diariamente a través de la pérdida de poder adquisitivo.

Pués bien con esta ruptura de sus compromisos, el Ejecutivo va hacer pagar precisamente a los trabajadores y a los pensiones un total de 1.200 millones de euros adicionales con los que intentará cumplir la previsión de ingresos tributarios recogida en los Presupuestos y que se eleva a 77.444 millones, un 1,8 por ciento superior a la previsión de liquidación del presupuesto de este año.

Un crecimiento que se sustenta fundamentalmente sobre la subida del 6,7 por ciento en la recaudación por IRPF, además, de los incrementos del 4,8 y del 3,3 por ciento en IVA e Impuestos Especiales, respectivamente, compensando así la pérdida del 15,1 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades.

Si tenemos en cuenta que la fórmula de la deflactación se justifica por el hecho de que la inflación es un desequilibrio ajeno a la voluntad de los contribuyentes a los que les viene impuesta desde fuera, y que tampoco se compensa mediante la subida de los salarios que ha sido, en la inmensa mayoría de los casos inferior al crecimiento de los precios, parece necesario convenir que la renuncia a deflactar supone una penalización injusta sobre las rentas del trabajo que sólo se justifica por la imperiosa necesidad de Hacienda de compensar la caída de la recaudación por causa de la desaceleración en el consumo y la inversión y la creciente siniestralidad empresarial en forma que quiebras o suspensión de pagos.

Es decir y para llamar a las cosas por su nombre, la consecuencia de no deflactar el impuesto sobre la renta no es más que es una subida fiscal indirecta en toda regla, que obliga al contribuyente a pagar con un dinero que vale menos cuanto más sube la inflación.
¿Es esta la política social de Zapatero?