(Noviembre 2008) Cada día resulta más una ficción que todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley. El Estado, a través de sus diversas administraciones, realiza una labor de discriminación basándose en la supuesta y subjetiva creencia de que así se hace justicia cuando en muchos casos no hace sino sembrar la injusticia y el agravio comparativo.

Una multiplicación de leyes, reglamentos y diversas disposiciones disecciona la realidad económica y social descendiendo a tal grado de casuística que fuerza comportamientos en los individuos y las empresas para intentar obtener los mayores beneficios que regulan. Actualmente, la crisis económica incorpora nuevas medidas de discriminación que favorecen a personas o colectivos en función de unas circunstancias subjetivas que se entienden más protegibles que otras.

Este subjetivismo en la legislación parte del convencimiento moral de que puede sacrificarse al individuo por la colectividad, forma de pensar que desgraciadamente ha dado lugar a todos los totalitarismos que han campado a sus anchas durante buena parte del siglo XX: comunismo y fascismo en sus diversas formas. Quien rechaza estas graves desviaciones del poder no puede permanecer inerme ante la tendencia discriminadora que se acuña como una forma positiva de influir en la sociedad sin reparar en el daño que se causa a todos aquellos que quedan a extramuros de esos beneficios y que pueden sentirse, y de hecho estar, directamente perjudicados por el Estado.

El Gobierno anuncia que a determinados parados que tengan hipoteca se les aplazará la mitad de la cuota durante dos años. Es decir, si alguien decidió en su momento adquirir una vivienda en lugar de alquilarla, en ese supuesto el Estado le ayuda a conseguir ser propietario y que no le embarguen, lanzándole de su vivienda, mientras que a otro ciudadano que eligió libremente alquilar su vivienda, y que pueda estar en las mismas circunstancias desgraciadas del otro, nadie le ayudará a pagar su alquiler, pudiendo verse en la calle. Incluso cabe la posibilidad de que el ciudadano que decidió no comprar fuera más prudente y responsable, pero ni aún así le ayudarán, simplemente porque no entra en el segmento de ayudables que alguien ha decidido en base a unos criterios subjetivos. Lástima que el alquilado no lo hubiera sabido antes.

También el Gobierno ha anunciado a bombo y platillo unas ayudas a las entidades financieras en forma de compra de activos y avales del Estado. Así, las Entidades financieras podrán continuar cómodamente con sus actividades y seguir aplicando libremente la restricción crediticia que estimen oportuna en busca de sus legítimos beneficios y estabilidad financiera, pero sin que tengan ninguna obligación de repetir esa ayuda sobre sus clientes en forma de nuevas facilidades, que nadie les obliga a conceder. De forma asimétrica, otras empresas y entidades que puedan estar atravesando similares dificultades financieras que bancos y cajas no se hacen acreedoras del aval del Estado o de ayudas financieras directas por parte de éste. No desde luego en la misma medida y no de la misma forma. Cuántos empresarios no darían cualquier cosa por disponer de un aval del Estado con el garantizar los créditos que el banco les restringe por la situación financiera. Así, no es lo mismo para el Estado que uno sea propietario de una entidad financiera o de cualquier otro tipo de empresa, porque el trato que recibirá será muy diferente.

Antes de esto, durante años, se ha estado beneficiando a los que invertían en su vivienda habitual mediante desgravaciones fiscales, discriminando a todos aquellos que no lo hacían. Incluso con la burbuja inmobiliaria completamente inflada el Estado seguía privilegiando una inversión que en realidad no sólo no necesitaba de incentivos sino que resultaba altamente peligrosa para el inversor, el financiador y, como se ha revelado, la sociedad entera.

Y lo malo no es que se trate de una fiebre pasajera que afecta a un partido o a un gobierno. Lo triste es que la tendencia en todas las administraciones es a establecer discriminaciones que pretenden establecer la justicia o la reparación de un daño, aunque acabarán por causar nuevas injusticias y daños que reparar, que posiblemente no serán reparados.