Aunque me cueste recurrir al tópico, la verdad es que no encuentro otra forma más ajustada de decir que la intervención del Gobierno en Caja Castilla La Mancha era una operación anunciada. Anunciada y hasta saludable para el sistema financiero patrio. (F&B 136, marzo-abril 2009)

Las conversaciones prema-trimoniales con Unicaja, no eran sino un noviazgo a la desesperada y a la fuerza, impuesto por los tutores políticos de los contrayentes para salvar de la ruina a la novia manchega, y frente al que, al final, se opuso la sensatez de Braulio Medel. El apoderado del novio andaluz que, al no obtener los recursos y las garantías suficientes, antepuso los legítimos intereses económicos de la entidad que representa y de sus impositores a las maniobras de los gobiernos autonómicos para ocultar las vergüenzas de la gestión realizada por Hernández Moltó. Ese ex diputado socialista, otrora azote del exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y al que hoy no se atrevería a mirar no ya a los ojos, ni siquiera a la suela de los zapatos.

Ahora bien, una vez sentado el acierto de la decisión, es también necesario convenir que cuanto más se reflexiona y cuantos más datos se conocen más dudas aparecen en el fondo, en la forma y en el procedimiento, pero sobre todo en el devenir, tanto de la entidad intervenida como del conjunto de las Cajas.

En el fondo, porque resulta que el Gobierno, que hasta hace poco alardeaba de que iba a dejar morir a los bancos y cajas que no demostraran su solvencia, nos había convencido de que el principal argumento para justificar la intervención era la situación de liquidez de la entidad y no la falta de solvencia. Pero resulta que, sólo 24 horas después, el ex subgobernador del Banco de España, José Viñals, salía a la palestra para asegurar que la caja estaba por debajo de los requisitos de solvencia exigidos. En qué quedamos. ¿Es un problema de liquidez o de solvencia? Primera interrogante.

En cuanto a las formas, sorprende que si, como nos dijo también el vicepresidente del Gobierno la caja no tenía problemas de gestión y era viable. Entonces, ¿por qué la primera medida fue apartar a sus gestores y nombrar un equipo del Banco de España? Segunda Interrogante.

En el procedimiento, llama la atención el hecho de que si Caja Castilla La Mancha sólo supone el 1 por ciento del sistema financiero nacional, ¿resulta lógico que para esa cuota de mercado y para una entidad cuya dimensión dista mucho de la de la mayoría de sus competidoras, sean necesarios 9.000 millones, el equivalente al 1% de la riqueza nacional? Tercera Interrogante.

Y, respecto al devenir, la cuarta gran interrogante del proceso es, saber si ¿va a haber el mismo dinero para casos similares?, porque el gobernador del Banco de España ya nos ha avisado de que Caja Castilla La Mancha no será la única.

Unas dudas razonables, que deberían resolvernos cuanto antes, porque ahora nos hemos enterado de que nuestro sistema financiero no es tan sólido como nos lo vendían y mientras el sistema financiero no recupere la confianza y la solvencia, no habrá reactivación de la economía real ni salida de la crisis.

Y, al hilo de todo esto, una reflexión, que también ha puesto el Gobernador sobre el tapete: la necesidad de modificar la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros para facilitar el aumento de los recursos. Una propuesta que reabre el debate sobre la privatización, total o parcial de estas entidades y, de forma especial, sobre la imprescindible despolitización de sus consejos de administración. A nadie se le oculta ya que las cajas se han convertido en auténticos instrumentos de poder de los gobiernos autonómicos, que aspiran a convertirlas en sucedáneos de bancos centrales de sus feudos, y que muchas veces las utilizan para sus propios intereses y ambiciones y no en beneficio de sus impositores y en provecho del territorio al que se encuentran vinculadas. Véase, sino, el esperpento de Cajamadrid.